La propuesta de aumentar las retenciones, plasmada en la “ley ómnibus” presentada por el Gobierno, generó preocupación en el sector agropecuario argentino. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) alertó sobre las consecuencias adversas para diversas economías regionales. La entidad de la mesa de enlace destacó que este gravamen podría resultar en una caída de la inversión, reducción del empleo y mayor concentración de la producción.
En medio de la discusión sobre el aumento de las retenciones, CRA destacó que la persistencia de este mecanismo de tributación implica una suerte de “apropiación adicional del Estado” sobre los ingresos de los productores.
Según un análisis costo-beneficio realizado por la entidad, esta nueva presión tributaria afectaría negativamente a diversas actividades productivas, especialmente aquellas vinculadas a las economías regionales.
Entre las actividades más afectadas, la producción ovina, similar a la de cerdos, experimenta una presión considerable debido a los derechos de exportación. El análisis de la CRA señaló que, para muchas de estas actividades, el beneficio para el fisco nacional sería limitado, mientras que los productores sufrirían consecuencias significativas.
En este contexto, los sectores más vulnerables ante este escenario, según la entidad, incluyen la industria vinícola, la producción de algodón, carne ovina, aceite esencial de limón, tabaco, cadena forestal, cadena avícola, cadena porcina, floricultura, mandioca, aromáticas y especias, así como producciones regionales menores, como semillas de chía, sésamo, poroto mung, cártamo y pisingallo.
Asimismo, la entidad ruralista enfatizó que la persistencia de las retenciones representa una carga adicional para los productores, ya que son estos quienes asumen el impuesto, siendo trasladado al precio interno final por los exportadores. CRA instó a la eliminación de las retenciones como medida imperante para preservar la diversidad productiva y proteger a los actores clave del sector agropecuario.
El impacto del aumento de los derechos de exportación en la carne ovina y los vinos
En tanto, la Patagonia, responsable del 85% de las exportaciones de carne ovina, se ve amenazada por la repentina suba de los derechos de exportación del 5% al 15% en 2024. A pesar de la reducción a 0% en 2022, la combinación del alza imprevista y los precios internacionales que se mantienen al 50% de su valor previo, genera un escenario desfavorable para los productores.
Al respecto, el beneficio para el fisco, estimado entre US$ 1.5 a US$ 2 millones anuales, se considera insignificante para el Estado, pero resulta determinante para los 2000 productores proveedores de la exportación. Estimaron que, esta medida dejaría a cada productor con una pérdida de entre $500.000 y $800.000.
A su vez, la propuesta de incrementar la alícuota de derechos de exportación del 5% al 8% impacta directamente en la industria vinícola. Con un mercado interno que enfrenta una fuerte caída de ventas debido a la disminución del poder adquisitivo del salario y la inflación en ascenso, la exportación se convierte en un elemento crucial para la supervivencia del sector.
A pesar de una mayor cosecha y abundancia de stocks, la necesidad de abrir nuevos mercados a través de la exportación se vuelve imperativa. Para los vinos varietales, el nuevo tipo de cambio podría ofrecer perspectivas más favorables, pero la incertidumbre en torno a la normalización de precios relativos y la competencia global plantean retos adicionales para la industria vinícola en 2024.
No obstante, la propuesta de aumentar los derechos de exportación en un sector ya afectado por el exceso de oferta debido a la caída del mercado interno preocupa tanto a las bodegas como a los productores. CRA advirtió que mantener estos derechos en lugar de llevarlos a 0% representa un golpe adicional a la rentabilidad de la cadena. A pesar de una posible recaudación de aproximadamente US$ 80 millones en 2024, destacaron que este monto no tendría un impacto significativo en las finanzas públicas, pero sí afectaría considerablemente la rentabilidad de la producción de vino.
Las consecuencias de la nueva política tributaria en diversos sectores agropecuarios
Además, la entidad insistió en que, aunque los beneficios para el fisco nacional pueden ser limitados, las pérdidas para los productores y la diversidad productiva del país serían considerables, subrayó la urgencia de reconsiderar esta medida tributaria.
Por otro lado, la introducción de derechos de exportación tiene un impacto significativo en la producción de semillas en regiones como Salta, Jujuy, Tucumán y Chaco. CRA señaló que el golpe sería enorme, especialmente para las exportaciones anuales de chía, que rondan los US$ 5 millones. La imposición repentina de una alícuota del 15% representaría una recaudación de menos de US$ 770.000 para el Estado. Para los productores de chía, este gravamen implicaría una disminución de la rentabilidad del 33%, consideraron también los mayores costos por herbicidas, fertilizantes y otros gastos relacionados con el impuesto país sobre las importaciones.
De este modo, en los últimos 20 años, la producción de cártamo en el NOA fue una alternativa económicamente rentable en invierno debido a su baja necesidad hídrica. Sin embargo, la implementación de retenciones al 15% amenaza con un golpe duro a este cultivo. La disminución de márgenes, equivalente a una reducción de ingresos directos al productor de aproximadamente US$ 60 por tonelada, podría llevar a la reducción o discontinuidad de este cultivo regional. Esto no solo impactaría en los ingresos de los productores, sino también en la contratación de servicios, generación de empleo, mano de obra y la demanda de insumos en la región, según el informe de la CRA.
Por último, CRA resaltó que las consecuencias de las retenciones van más allá de las cifras financieras, advirtieron sobre el impacto socioeconómico en las comunidades agrícolas. La posible disminución o discontinuidad de cultivos regionales como chía y cártamo no solo afectaría la rentabilidad de los productores, sino que también tendría consecuencias en la contratación de mano de obra, la generación de empleo y la dinámica económica local. Además, la imposición de costos adicionales podría socavar la viabilidad de sectores que históricamente fueron motores económicos en estas regiones, planteando desafíos significativos para la sostenibilidad y diversificación económica.
Fuente: TN Campo