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Según Arnaldo Jabor, Brasil es el infierno de los politólogos y el paraíso de los periodistas. Exagera: lo que sucede hoy no es agradable, pero sí explicable. Quizás incluso comprensible.
Hay tres preguntas clave sobre el juicio político: ¿Es legal? ¿Es normal? ¿Es grave? A pesar del sainete, es posible responderlas sin ambigüedad. Un golpe es una interrupción inconstitucional del mandato. El juicio político, en cambio, es un procedimiento constitucional para destituir al presidente. En Estados Unidos inventaron la presidencia con mandato fijo, pero dejaron una salida de emergencia: si el presidente era demasiado malo, había que deshacerse anticipadamente de él.
Brasil copió el procedimiento y le agregó un accesorio: si Diputados acusa y el Senado acepta juzgar, el presidente es suspendido por seis meses. Dos presidentes estadounidenses sufrieron el impeachment, pero Andrew Johnson y Bill Clinton no fueron suspendidos.
Un detalle que asegura la legalidad del proceso brasileño es que la Corte, ocho de cuyos 11 miembros fueron designados por Lula o Dilma, lo declaró constitucional por unanimidad. Y el gobierno no denunció a nadie por complot contra la Constitución. Además de legal, el impeachment es cada vez más normal. Tanto que, en 2007, Aníbal Pérez-Liñán publicó Juicio político al presidente y la nueva inestabilidad política en América latina, que explica cómo esta medida se tornó corriente, al permitir que ante una crisis la democracia siga, aunque el presidente caiga.
El impeachment tampoco es grave. Kathy Hochstetler y David Samuels analizaron 25 casos de presidentes cuyos mandatos fueron desafiados: 15 cayeron, 10 se mantuvieron. El estudio concluye que el daño para la gobernancia democrática, cuando existió, fue superficial y efímero. Esto abona la tesis de Leiv Marsteintredet y John Polga de que el juicio político fortalece la democracia al flexibilizar el presidencialismo. La experiencia es traumática, pero los efectos netos suelen ser positivos.
