Para exportadores, la Ley de Abastecimiento apunta a una «economía de comando y control»

Enrique Mantilla, titular de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), aseguró hoy que la iniciativa impulsada por el oficialismo «expresa respuestas inadecuadas» y es contrapuesta «a la Constitución Nacional».

El presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), Enrique Mantilla, afirmó hoy que el proyecto de reforma a la Ley de Abastecimiento «expresa respuestas inadecuadas más cercanas a una economía de comando y control», y además es «contrario a la Constitución Nacional».

«El Proyecto de Ley expresa respuestas inadecuadas más cercanas a una economía de comando y control, y por lo tanto, disfuncional al desarrollo de las fuerzas productivas en el contexto nacional, contrariando normas constitucionales», criticó Mantilla al exponer en la reunión de Comisiones de la Cámara de Diputados donde se analiza la iniciativa.

En ese marco, planteó que «si una decisión discrecional de un funcionario puede definir precios de venta, márgenes de utilidad, cantidades a producir, canales de distribución y regímenes de licencias comerciales, entre otras medidas de intervención a la actividad privada, lo que se establece es una economía de comando y control».

El directivo también advirtió que «lo que se consagraría, de aprobarse el Proyecto, es un modelo de presión estructural sobre el sector empresario donde prevalece el decisionismo político no sujeto a reglas de razonabilidad».

Mantilla sostuvo que «el Proyecto es contrario a la Constitución Nacional» y consideró que para proteger el derecho de consumidores y usuarios «el Estado cuenta con la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, la Ley 22.802 de Lealtad Comercial y la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia».

Asimismo, cuestionó que «el proyecto convierte a todo empresario argentino, comerciante o industrial, en el prestador de un servicio público porque está obligado a prestar el servicio quiera o no quiera, e incluso a aumentar la producción y seguir vendiendo aunque sea a pérdida».

«En relación a este punto, existe el agravante de que a pesar de que el conjunto de las actividades económicas serán tratadas como si fuesen servicios públicos, no se les reconoce los resguardos y garantías patrimoniales que sí tienen las empresas que presentan efectivamente servicios públicos. Y esto se realiza sin una ley específica por actividad que así lo declare. Solo se lo hace mediante una publicación genérica», denostó.

Por otra parte, destacó «que en el actual contexto inflacionario donde el IPCN urbano del INDEC varió en 7 meses 18,2%, o sea, varias veces el promedio del índice de inflación de los países de la OCDE y el IPCBA para el mismo período fue del 25,4% se generan serios problemas de evaluación». «Dado que no se permite el ajuste por inflación las utilidades y el patrimonio están distorsionados al igual que la exposición del activo, pasivo y patrimonio neto», señaló.

 

Fuente: Notitrans