Revista ForExport Espacio comunicacional relacionado con el comercio internacional y la logística dentro de la región.
En un contexto en el que las escasas reservas del Banco Central no aguantan la salida de dólares, y en el que la pandemia del coronavirus requiere, según el Gobierno, «cuidados excepcionales», las empresas argentinas vuelven a enfrentar serios problemas para ingresar la mercadería al país. Paradójicamente se estima que más del 80% de lo que se importa está destinado a completar la industria incluso de exportación.
Hay quejas del sector pero también muchos reclamos ante la justicia y pedidos de gobiernos extranjeros para que se cumplan los plazos establecidos por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Convenio Automotriz firmado con Brasil. .
Héctor Huergo trae lo más destacado de la agroindustria y las economías regionales.
Desde la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) advierten que hay más de 1.000 licencias no automáticas retrasadas, y que incumplen lo establecido por la normativa internacional, y que dentro de esos retrasos hay sectores críticos, como el de las baterías de autos, los neumáticos, calzados, textiles y juguetes, además del de maquinaria y bienes intermedios, y hasta insumos médicos. Algunos exigen plazos de 10 días, pero van por los 60 sin ser autorizados. En otros casos las licencias presentan demoras que superan largamente esa cantidad de días.
«El sector está muy mal por las restricciones de la AFIP, por las medidas restrictivas del Banco Central en el otorgamiento de divisas y por la Dirección Nacional de Gestión Comercial externa (que depende de Producción), que están violando las normas internacionales de la OMC y los tratados automotrices con Brasil (Mercosur)», dijo a Clarín Ruben García, presidente de CIRA.
Por otra parte, diplomáticos de Brasil, Paraguay y Uruguay plantearon la cuestión en las reuniones técnicas del Mercosur, en las que además presionan a la Argentina para avanzar en acuerdos de libre comercio, que el Gobierno resiste. Los importadores aseguraron a Clarín que las autoridades competentes del ministerio de Producción no les contestan ni llamados ni emails. Desde la Cancillería aseguraron que son todas situaciones «temporales» que se «van a solucionar» cuando pase la pandemia.
Según pudo comprobar Clarín en diálogo con distintas fuentes, y de emails que pudo ver este diario hay situaciones dramáticas de empresas que son pequeñas y medianas. Desde fines de 2015, las licencias no automáticas -las que requieren permisos previos para importar- se enmarcan bajo el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI). Antes, con el gobierno de Cristina Kirchner, estaban bajo el régimen de las llamadas Declaraciones Juradas Anticipadas de Importaciones (DJAI).
Las DJAI eran consideradas un buen instrumento de control, pero su manejo -a cargo del super secretario de comercio K Guillermo Moreno- fue sumamente controvertido. Los controles quedaron a fines de 2015 bajo las SIMI. Y ahora, el problema para los importadores, afirman, es que se aumentó la cantidad de productos bajo la figura de licencias no automáticas. Se estiman 300 más.
Uno de los controles que dicen padecer los importadores, señalaron en CIRA, es la llamada Comunicación A7030 del Banco Central (prorrogada hace pocos días por la A7079) y sus respectivas actualizaciones. La A7030 funciona como una orden que no permite tener anticipos de más de 1 millón de dólares. Por ejemplo, si un importador le pide a un fabricante del exterior que le envíe un bien de capital y este le dice que le gire el dinero, el anticipo, el importador debe ir a un banco privado para que le pida al BCRA que le otorgue el anticipo para poder girarlo. Y esa comunicación A7030 es una limitante de la capacidad de giro al exterior.
Igual, antes de ello, el importador debe pasar por la AFIP, que le controla la Capacidad Económica Financiera (CEF) que tiene la empresa. «Por un algoritmo que sólo la AFIP conoce, esta determina si uno está en capacidad de importar o no», se quejan los importadores. «El Banco Central tiene hasta normativas ridículas establecidas por la comuicación A6044 que establece que, cuando uno anticipa un giro al exterior para adelantar la producción del bien a importar, tiene hasta 90 días -máximo- para ingresar esa mercadería», señalan en CIRA, para los que la misión se convierte en «imposible».
A esas dificultades mencionadas, se suma la problemática del ingreso de mercadería (desaduanar), dado los tiempos y costos. Si uno no saca la mercadería dentro de los 7 días, que es pago de tarifa 1, al octavo día pasa a ser tarifa 2, con lo que ello implica para empresas que no pueden afrontar esos gastos, menos en este contexto. Por otro lado, dicen que también hay que devolver los contenedores a las compañias navieras, y de no hacerlo en los tiempos pactados, las navieras empiezan a cobrar 100 dólares por día por la no devolución en tiempo y forma del mismo.
Unos importadores de zapatillas tienen hasta medio millón de dólares en puerto sin poder entrar y otra cifra similar una automotriz con sus repuestos, por ejemplo. Hay casos judicializados incluso, como el de una importadora a la que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 7 benefició con un cautelar que le ordena a la Aduana liberar la importación de maquinaria sin exigencia de la SIMI y de ninguna otra traba para entrar al país.
Fuente: Clarín
