DJAI y lavado: lo único que se empieza desde arriba son los pozos

Mientras prosperan las denuncias que realizó el director general de Aduanas Juan José Gómez Centurión, desde el año pasado, cuando advirtió sobre el uso de las DJAI para la fuga de dólares al tipo de cambio oficial en pleno cepo cambiario, a importadores “fantasma” y por operaciones cuyos contenedores nunca llegaron (o llegaban con cualquier otra cosa de lo declarado), la estructura más problemática del trípode sobre el que se sostiene la AFIP –la Aduana– se sacude, incluso con un alcance mediático que no necesariamente refleja la problemática de fondo.

Mientras Mariano Martínez Rojas detalla cómo se utilizaba la logística del comercio exterior y el instrumento de las declaraciones juradas anticipadas de importación para el lavado de dinero durante la presidencia de Cristina Kirchner, la gestión de Ricardo Echegaray ante la AFIP y Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio, la semana pasada el director de la Aduana de Buenos Aires, Raúl Zaffaroni, le presentaba su renuncia al subdirector general de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, Pedro Chapar.

Zaffaroni sugiere en su carta apartarse para “facilitar la llegada de otro funcionario de la confianza” de la Subdirección. Podría deducirse que no trabajaba cómodo en la “renovación y transparencia” a la que se comprometió con el inicio de la gestión de Gómez Centurión. O que, sencillamente, no lo dejaron trabajar.

Hay un punto que no puede soslayar la justicia que investiga los miles de contenedores irregulares, las DJAI otorgadas con tanta facilidad para algunos y con tanta dificultad para otros y el lavado de dinero que permitió el mecanismo.

Tiene que ver con el circuito de aprobación de los benditos permisos para importar (o fugar dólares).

Fue la auditoría de la AFIP la que descubrió que, entre 2012 y 2015, 78.000 personas físicas y jurídicas presentaron pedidos por 8 millones de DJAI. Y de ese universo, casi 17.500 CUIT tenían inconsistencias de todo tipo.
Pero, ¿quién autorizaba las DJAI a empresas “de cartón”? Funcionarios de la Secretaría de Comercio. ¿Con qué potestad? Con la que le daba la misma AFIP: clave fiscal con nivel de seguridad n° 3. ¿Dónde están esos funcionarios de Comercio, con el poder absoluto de autorizar lo que terminó siendo un fraude de casi US$ 15.000 millones, y que seguramente operaban bajo instrucciones? Sólo la justicia puede y debe averiguar.

Dicen que lo único que se empieza desde arriba son los pozos. ¿Empezar por Echegaray y Moreno?

En este caso, la justicia debería empezar por lo profundo del circuito, lentamente tirando de la cuerda tensa y corroída conformada por la logia aduanera y de la AFIP. Hay nombres, en el organismo, que no renunciaron ni fueron apartados. Y fueron, y son, contemporáneos al descontrolado control aduanero.