La regla del 80/20, aplicada a las importaciones argentinas.

En la operatoria diaria de comercio exterior se mantienen las quejas permanentes de las empresas, en primer término, sobre las aprobaciones de las compras al exterior a través del sistema de importaciones de la República Argentina (Sira) y, posteriormente, sobre la imposibilidad de aquellas de acceder a los dólares para efectuar el pago correspondiente a los proveedores, especialmente en lo relacionado con el pago anticipado.

Analizando en profundidad el perfil de las empresas cuyas quejas emergen, y se reiteran, vemos diferencias claras en los rubros y montos que son objetos de control.

No hay una heterogeneidad al respecto, aunque si es claro que hay empresas más perjudicadas que otras; las más afectadas son las pymes argentinas.

Al respecto, se puede inferir que se está aplicando el control de importaciones planteado en la Ley de Pareto, o regla del 80/20. El 80% de las importaciones proviene del 20% de las empresas, o, de modo inverso, s´´olo el 20% de las empresas generan el 80% de las importaciones. Esto permite analizar y controlar más fácilmente la actividad.

Claramente, para el Gobierno es más sencillo concentrar en el 20% de las empresas el resultado del 80% de su esfuerzo para controlar importaciones, lo cual facilita el saber dónde enfocarse y dónde presionar más.

Ese 20% de empresas, en general grandes o multinacionales, son aquellas que con mayor facilidad pueden gestionar el diferimiento de los pagos al exterior a través de sus matrices o subsidiarias. Pocas pymes pueden lograr estos exitosos resultados con la gestión de sus proveedores habituales, que no ponen en duda el cumplimiento de las empresas, pero que no desconocen el riesgo al que se exponen por la coyuntura local.

Para este grupo de empresas, al parecer, el Gobierno garantizaría un “canal verde” para importar a quienes formen parte del plan de “precios cuidados”, lo cual les aseguraría, en tiempos de escasez, una ventaja con respecto a su competencia. Puede negociar más con mejores resultados con estas empresas, que marcarían una diferencia enorme con el resto.

PYMES SIN RESPUESTAS
El 80% de las empresas restantes son claramente pymes. Estas no pueden esperar tanto tiempo para las aprobaciones de las Sira en su giro comercial y tampoco pueden pactar plazos de pagos diferidos como el Gobierno requiere. Pagar de manera anticipada con dólares propios les imposibilita acceder al único refugio financiero para resguardar valor del dinero, que es el dólar bolsa, y tampoco pueden trasladar a precios la brecha existente entre el dólar oficial y el dólar bolsa. De esta manera, no pueden competir con las empresas más grandes.

Estas pymes no necesariamente importan bienes finales para su reventa, sino que también involucran empresas industriales que se ven imposibilitadas de acceder a sus insumos.

Como no hay acuerdos de precios para negociar con ellas, quedan a su suerte. Dependen de las migajas que el Gobierno deje de vez en cuando, luego de haber atendido los reclamos del 20% que ha claramente definido como importante.

Recientemente, en un tweet el ministro de Economía, Sergio Massa, manifestó: “Necesitamos a las pymes convencidas de que nuestro crecimiento depende de ellas”.

Pero cuando estas, por sí mismas o a través de las cámaras que nuclean el 80% planteado, reclaman sobre sus importaciones, no obtienen respuestas concretas. Los números mandan qué lugar tienen las pymes en este sector.

En cuanto a la temporalidad de las intervenciones, también podemos inferir que va a depender de dos factores claros: la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el correspondiente fortalecimiento de las reservas del Banco Central, como asimismo el factor político durante 2023, año de elecciones presidenciales.

Como el modus operandi parecería ser patear los compromisos para adelante o, si la intención de voto lo confirma, para el nuevo gobierno que venga, podemos presumir también que los próximos meses marcarán la dinámica de la actividad.

Si hay una continuidad del Gobierno actual, no habrá mayores cambios, mientras que, si las proyecciones marcan un cambio de gobierno, es posible pensar que decidan a partir de marzo aprobar y liberar todas las importaciones que conlleven un pago a partir de enero de 2024.

Esta medida oportunista y electoralista sería una bomba, similar a la del dólar futuro del final de ciclo del último gobierno de Cristina Kirchner, que podrían prepararle a un próximo gobierno, que sería muy difícil de desactivar y nos condicionaría a futuro.

* Daniel Griboff; El autor es presidente de Dagri y consultor en comercio exterior.

Fuente: La Voz