La industria de Brasil rechaza señales de que Bolsonaro dejaría el Mercosur

La definición de esa puja está pendiente y no ofrece garantías de éxito. Por esa razón resulta relevante la difusión del informe de la CNI, que expresa una crítica técnica pero contundente a lo largo de sus 82 páginas a “la posible flexibilización o hasta la salida de Brasil del Mercosur”.

El texto señala que “la posibilidad de una salida del Mercosur ha sido estudiada por el gobierno” de Jair Bolsonaro, por lo “el sector empresarial evaluó los impactos jurídicos de esa (eventual) decisión”.

La misma, añade, “debe ser bien estudiada por el Gobierno y por el sector empresarial. Esa cautela es necesaria si se tiene en cuenta la complejidad de un proceso de esa naturaleza en términos de tiempo, normas que dejarían de regir, acuerdos que deberían ser renegociados y, principalmente, potenciales impactos económicos”.

La CNI es, como lo indica su nombre, una confederación que nuclea a las federaciones industriales de los 27 estados de Brasil y del distrito federal. Esa condición la convierte en la gran caja de resonancia de un clivaje que divide desde hace años al sector, de modo crecientemente agrio: el que separa a los eslabones más eficientes, de mayor escala y más integrados a las cadenas globales de valor, como la Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), del resto, más dependiente del mercado regional.

Ese conflicto interno hace que, a veces, la CNI emita señales contradictorias. De hecho, recientemente abogó por la firma de un acuerdo entre Brasil y Estados Unidos que, en el futuro, incluso podría desembocar en un tratado de libre comercio, algo que, por su carácter unilateral sería incompatible con las reglas del bloque, que exigen que las gestiones de ese tipo se encaren de modo conjunto por parte de todos los Estados miembros.

En su último informe, que se conoce en un momento en que el bloque parece dirimir su mayor crisis de identidad, la CNI vuelve a las fuentes y aboga por un Mercosur que, si bien debe corregir numerosas falencias, no debe desnaturalizar su condición de unión aduanera dotada de un arancel externo común, garantía de que sus miembros disfruten de un acceso privilegiado al mercado del espacio común. Eso, al revés de lo que desea Bolsonaro, es incompatible con negociaciones de libre comercio encaradas de manera individual por cada país y, mucho más, con una ruptura lisa y llana.

El estudio advierte a Bolsonaro de que “además de perder acceso a mercados, Brasil también puede dejar de beneficiarse con otras reglas relacionadas al comercio exterior. No solo en relación con la Argentina, Paraguay y Uruguay, sino también frente a otras economías con las que el bloque tiene acuerdos”.

“En un caso extremo de abandono del Mercosur, Brasil debería renegociar, celebrar y tramitar internamente la gran mayoría de los compromisos existentes en bienes, servicios, compras gubernamentales, inversiones y otros puntos no tarifarios, incluso en el ámbito del acuerdo recientemente concluido (…) con la Unión Europea”, recuerda.

El acuerdo con la UE fue una bandera de los sectores más aperturistas de la CNI, en particular de la FIESP, y ahora aquella advierte que la ruptura del club de Cono Sur obligaría a Brasil a empezar esa negociación de nuevo.

Si bien, desde lo formal, la argumentación de los industriales brasileños pone el foco en lo jurídico, va mucho más allá y termina por advertir sobre la inconveniencia económica de una ruptura.

“El comercio con el bloque tiene gran importancia económica para Brasil. El Mercosur es destino del 45% de las exportaciones brasileñas hacia América Latina y del 21% de las exportaciones totales de bienes manufacturados hacia el mundo”, recuerda. En síntesis, más allá de sus sectores más concentrados, la industria brasileña tendría escaso futuro fuera de la región.

Esta, agrega el texto, “es todavía un gran destino de inversiones de empresas multinacionales de Brasil”.

“El Mercosur –recuerda asimismo– es destino, junto a los Estados Unidos, de las exportaciones que generan mayor volumen de masa salarial”, por lo que “cualquier decisión de dejar o de flexibilizar el bloque debe tener en cuenta su impacto económico y social”.

El trabajo repasa las condiciones en las que el Tratado de Asunción podría ser denunciado por sus miembros. Tal paso requeriría una notificación a los socios expedida con 60 días de antelación. Concretado eso, un período calificado por la CNI como “muy breve para negociar los derechos y obligaciones que permanecerán en vigor para el país”, las preferencias arancelarias se mantendrían vigentes por dos años más. Demasiado engorroso.

El informe recuerda que “el proceso de denuncia (en Brasil) se haría por una decisión del presidente de la República”, pero advierte que ya está presentada una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI 1625-3) ante el Supremo Tribunal Federal (STF), la que argumenta que sería necesaria la aprobación del Congreso.

Bolsonaro, acosado por una serie de escándalos, un desastre sanitario generado por su desmanejo de la pandemia de COVID-19 y en peligro de juicio político, podría verse tentado a patear el tablero con un anuncio extremo en torno al Mercosur. Eso resultaría letal, no solo para el proyecto regional sino también para una Argentina que necesitaría de ese mercado como del agua para encarar la salida de su crisis actual.

El sector industrial intenta ponerle frenos a esa tentación, algo que supone un auxilio para las pretensiones del Gobierno de Alberto Fernández. Además del grueso de la industria brasileña, la Casa Rosada y el Palacio San Martín también podrían tender puentes hacia sectores del poder militar, cada vez más decisivo en el país vecino, que miran de reojo el liberalismo a ultranza del ministro de Economía, Paulo Guedes, y que siguen pensando que el Mercosur es, antes que una traba para el desarrollo de Brasil, una herramienta crucial.

Fuente: Ambito