Con el inicio de agosto, el Gobierno reforzó ayer el control de las importaciones a pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI). Se trata de una medida clave para cuidar los escasos dólares en las reservas internacionales brutas del Banco Central (BCRA) y poder hacer frente a los próximos vencimientos de deuda, ante la imposibilidad política de aplicar una devaluación uniforme del peso contra el dólar a días de las elecciones.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) redujo a un grupo de empresas la Capacidad Económica Financiera (CEF), un indicador que utiliza el organismo para evaluar el perfil de las compañías antes de autorizar las compras de bienes en el exterior mediante el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y servicios vía el SIRASE. En algunos casos, aseguran abogados y ejecutivos del sector privado, la capacidad se redujo de $ 10 millones a apenas $ 1.
Según comentaron fuentes oficiales a El Cronista, la medida solamente incluye a las grandes firmas que no liquidaron divisas de sus exportaciones en los plazos previstos. El ministro de Economía, Sergio Massa, había anticipado que de no regularizar la situación, las empresas deberán utilizar dólares propios para continuar con sus operaciones de comercio exterior. Como contó este diario hace dos semanas, son unos 3100 millones de dólares los que retienen Díaz & Forti, Vicentin y Galileo, entre otras. El monto equivale a una cuota de las que Argentina le paga al FMI, como sucedió en junio y también esta semana.
Estos grandes exportadores tampoco podrán acceder a la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) hasta vender sus divisas al BCRA.
Problemas con importaciones
No obstante, fuentes privadas indicaron que los problemas con el CEF son generales a todos los importadores y exceden a las grandes empresas que exportaron y no liquidaron los dólares. «Hasta ahora siempre que le ponían $ 1 era porque faltaba alguna Declaración Jurada o no se había tomado de manera adecuada, por ejemplo si faltaba la presentación de Ganancias mínimas presuntas. Pero hay empresas que jamás exportaron y que igualmente les pusieron $ 1», describieron en una consultora.
Las importaciones corren a un ritmo de 7000 millones de dólares por mes y el Fondo Monetario Internacional pide enfriar la actividad económica
Con importaciones que corren a un ritmo de u$s 7000 millones por mes, el Gobierno enfrenta presiones del Fondo para atenuar las compras en el exterior y enfriar la economía. El «paquete fiscal», una devaluación sin devaluar, con la aplicación del Impuesto PAIS al 7,5% a bienes y al 25% a servicios, se implementó precisamente para responder a esa demanda.
Robin Brooks, ex economista del organismo y hoy Jefe del Instituto de Finanzas Internacionales, apuntó: «Las importaciones no energéticas aumentaron después de la pandemia y siguen estando muy por encima de lo que Argentina puede permitirse. Se trata de una mala política, no de una mala cosecha». Brooks viene señalando que este nivel de importaciones es «insostenible» y comparó la situación con junio de 2019, cuando las exportaciones fueron iguales que este año, pero el ajuste, vía un dólar caro y libre, se vio por el lado de las compras en el exterior.
En lo que va de 2023, el saldo comercial arroja un déficit de u$s 4387 millones, que el Gobierno atribuye a la caída de exportaciones por la sequía, que restó unos 20.000 millones de dólares.
Exenciones al Impuesto PAIS
El paquete fiscal de devaluación selectiva por el lado de los impuestos, anunció la AFIP, tiene exenciones en la aplicación del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) para las importaciones de bienes e insumos vinculados a la Canasta Básica Alimentaria y la producción de energía, entre otras.
Hasta el momento la Secretaría de Comercio no reglamentó cuáles serán los insumos para la energía que quedarán exentos. En los despachos oficiales señalaban ayer que estaban trabajando la secretaria de Energía, Flavia Royón, y el Director General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel, para publicarlo a la brevedad.
La situación ya genera inquietud en las petroleras, que también vienen reclamando porque se autorizaron apenas un 7% de las SIRA en las últimas tres semanas. Los trabajadores petroleros que están en Vaca Muerta amenazaron con un paro general de actividades si el Gobierno no flexibiliza las importaciones. Al cierre de esta edición, el gremialista Marcelo Rucci mantenía una reunión con Royon para calmar los ánimos
Fuente: El Cronista