martes 2 de marzo de 2021
Turquía podría revisar su política internacional.

Turquía podría revisar su política internacional.

En los últimos días, especialistas del nuevo Gobierno de Estados Unidos y de los principales centros de poder europeo se preguntan si será posible enderezar las difíciles relaciones estratégicas con Turquía, una nación clave para reponer una cierta idea de estabilidad y seguridad en el Medio Oriente. Desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial, ningún altibajo o conflicto bilateral adquirió la magnitud que hoy tienen los roces de Ankara con los grandes referentes occidentales.

Anthony Blinken, el nuevo Secretario de Estado, calificó a Turquía como el “denominado aliado estratégico”, al enfatizar que hace tiempo que sus autoridades dejaron de comportarse como tal. El jefe de la diplomacia estadounidense no se privó de afirmar que era un serio problema pendiente y que su Gobierno podría analizar, bajo cierto contexto, el real impacto de las sanciones en vigor.

Semejante evaluación incluye el visible deterioro de los derechos humanos y la democracia en ese país, una agenda a la que el presidente Joe Biden atribuye singular importancia. Tanta que, en conversaciones con periodistas de The New York Times realizadas antes de asumir el Gobierno, expuso su preocupación por los enfrentamientos de Turquía con los kurdos sirios y por su visible acercamiento a Moscú.

De hecho, en el nuevo Gabinete de Washington figuran varios funcionarios que organizaron y llevaron adelante la cooperación con los kurdos sirios de las Unidades de Protección Kurdas (YPG) durante la Administración de Barack Obama, en donde subsiste la memoria del visto bueno de Ankara a la alianza forjada para combatir al Emirato Islámico, cuyas huestes ahora se enfrentan con las tropas turcas en el norte del aludido país.

Los observadores también recuerdan que el comienzo de la relación Ankara con Estados Unidos no empezó bien y puede deteriorase mucho más. En esta clase de reflexión siempre se computa la privilegiada ubicación geográfica de Turquía, cuyo territorio incursiona naturalmente en Europa y Asia, así como su condición de potencia regional con la que Estados Unidos desarrolló una alianza estratégica durante la Guerra Fría.

Desde 2003, el actual presidente Recep Erdogan ocupó distintos cargos como líder del Partido de Justicia y Desarrollo (o AKP), con cuya estructura consiguió ganar las elecciones de toda índole en las que decidió participar. El referendo de 2017 lo llevó a consolidar su posición debido al cambio del sistema parlamentario tradicional, un enfoque que en este momento le permite ejercer en forma simultánea, conjunta y centralizada tanto la Jefatura del Gobierno como del Estado.

En junio de 2018, el líder turco obtuvo un nuevo mandato presidencial de cinco años y, con el apoyo del Partido de extrema derecha Movimiento Nacionalista (MHP), acentuó su perfil autoritario y populista en pos del control absoluto del país, profundizando el relato nacionalista y las características del islam político, hechos que, sumados a la tradición turca de favorecer la conducción del país a gobiernos poderosos, herederos del Imperio Otomano, lo convirtió en un líder de singular fortaleza.

Antes de esos retoques, la República diseñada por el General Kemal Ataturk ya había sido transformada por Erdogan, pero al fracasar el golpe de Estado que se cocinó en 2016, su Gobierno decidió profundizar la revolución cultural, el fortalecimiento de Estado y la transformación de sus instituciones democráticas. Tal rumbo le permitió condicionar la libertad de expresión, educación y prensa, en una movida que terminó por destapar una nueva política exterior.

Erdogan cuenta con el respaldo de un electorado hasta el momento indiferente a su vena autoritaria. Dichos partidarios representaban 52% (en 2018) y exhiben sólidas creencias religiosas de tinte conservador o son beneficiarios de los programas asistenciales de su Gobierno, hasta que tales dádivas quedaron atrás. A partir de 2014, el tablero fue sacudido por una crisis económica profunda, en estos días rematada por el Covid-19. Paralelamente, la lira turca se devaluó en forma constante (75% desde ese año), la inflación en 2020 alcanzó 49,6% y la deuda pública se incrementó 40%.

Para algunos analistas, la aproximación a Rusia y otras acciones internacionales que impulsa Ankara se encamina con claridad a reducir su dependencia de Occidente, un nexo que hace posible ser miembro de la OTAN y participar en su poco ortodoxa Unión Aduanera con la UE, lo que resulta imputable a los vaivenes internacionales y a los conflictos entre esas grandes potencias.

Pero los vínculos entre Erdogan y Putin no están exentos de sugestivos episodios antagónicos, ni de intereses geopolíticos poco consistentes cuando se ven las acciones sobre Siria, Libia y en el Cáucaso del Sur, así como el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por el control de Nagorno Karabakh.

Tras las elecciones que dieron ganador a Biden, el presidente Erdogan dio señales de acercamiento a Washington. En su entorno no se descarta una sensible revaluación de políticas que permitan dar vuelta la página y empezar “un nuevo capítulo”.

Algunos hechos ilustran el punto. Por ejemplo, la reunión de jefes de Estado y Gobierno (realizada en diciembre 2020), donde dieron comienzo los preparativos destinados a sancionar en forma limitada a entidades turcas debido a la búsqueda de gas en aguas reclamadas por Chipre.

En enero, también empezaron las conversaciones preliminares entre Turquía y Grecia para resolver los complejos litigios sobre delimitación marítima regional, un paso que mitiga las graves tensiones entre ambas naciones. Con similar enfoque, se advierten signos de acotada descompresión en los conflictos que se registran en Libia y Siria, donde hay muy tenues gestos de evolución diplomática con la participación de la ONU, algo que, en el segundo caso, podría tener consecuencias favorables para dar respuesta a la situación que generan los millones de refugiados sirios en Turquía.

Al registrar dichos testimonios, los observadores especializados se interrogan acerca del súbito interés de Erdogan por ajustar sus políticas internacionales. Algunos señalan que dichas movidas pueden vincularse con la grave situación económica del país, un proceso que requiere urgente cooperación internacional. Otros apuntan a las elecciones presidenciales de 2023 (la comparación con Argentina es simple coincidencia) y al debilitamientos de los lazos con el partido MHP.

A Estados Unidos le vendría bien ir sanando los vínculos con Ankara si se modificaran las acciones regionales de Turquía, ya que ello le permitiría alcanzar un acuerdo para desatar los nudos de su presencia militar en Siria y buscar un entendimiento equitativo para sus aliados kurdos, lo que incluye a todas las partes involucradas en la guerra civil de esa sensible región.

La Casa Blanca también necesita resolver los problemas que genera Turquía en la OTAN, donde Ankara usa la regla de consenso para vetar algunas decisiones trascendentes y para limitar la capacidad de Rusia en la región ya que sus relaciones con Moscú no parecen tener, a corto plazo, un futuro muy brillante. Ninguno de esos temas de agenda son de fácil o viable solución.

La mayor tensión con Turquía empezó con la compra del sistema de defensa S400. En ese momento, Estados Unidos le suspendió participación en el programa de aviones de combate F-35 de última generación, alegando la posibilidad de que dicho equipamiento afecte sus características técnicas operativas. Sin embargo, Erdogan siguió adelante con la compra de equipos y ello se reflejó en un circunstancial acercamiento geopolítico a Moscú.

Tal conflicto originó un debate en el Congreso estadounidense, donde se planteó la posibilidad de aplicar sanciones directas al Gobierno de Ankara. En esa coyuntura, Erdogan alegó que, si se concretaban tales sanciones, su país no descartaba impedir el acceso de los militares estadounidenses a las bases turcas, las que operan conjuntamente con la OTAN y revisten enorme importancia estratégica.

Tras ese episodio, Donald Trump negoció un entendimiento para solucionar los problemas con Turquía, a través de un diálogo directo y fluido con el presidente Erdogan, quien ostenta las características personales de “hombre fuerte”, el tipo de líder que siempre prefirió el expresidente estadounidense.

Al litigio de los S-400 se sumaron las intervenciones militares turcas en varios países de la región, como la guerra civil en Libia, el apoyo a Hamas en la Franja de Gaza, el enfrentamiento con países árabes estrechamente relacionados con Washington (como Arabia Saudita y Egipto), las tensiones con Grecia y Chipre en el Mediterráneo del Este y la iniciativa de endosar a Catar en su diferendo con otros países del Golfo.

Al final esos esfuerzos de diálogo fracasaron y el 14 de diciembre de 2020, el Congreso hizo que se aplicaran a Turquía la Ley de Sanciones a los Adversarios de Estados Unidos (CATSAA), que obliga al Presidente a imponer ese temperamento a quienes concreten transacciones significativas con el régimen de defensa ruso. La destinataria directa de la sanción fue la Agencia de Suministros Militares turca (SSB), un gesto que Erdogan consideró un ataque a los esfuerzos soberanos de su país, por ahora destinado a desarrollar una industria de defensa independiente. Como diría Tato Bores: “Vivir se puede, pero no dejan”.

Fuente: El Economista