domingo 18 de febrero de 2018
La mirada de los empresarios sobre el acuerdo con la Unión Europea

La mirada de los empresarios sobre el acuerdo con la Unión Europea

El propósito del gobierno argentino de concretar la firma del acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, tras el encuentro que tuvieron los cancilleres y representantes de ambos bloques esta semana en Bruselas, parecería estar un poco más cerca. De todos modos, el camino no es sencillo y la negociación viene recorriendo distintas etapas. Por caso, la dirigencia pyme que acompañó a la comitiva argentina a las reuniones que los dos bloques tuvieron en la capital belga en septiembre pasado se llevaron una certeza. “Nos dijeron que el acuerdo político es irreversible y que bajo ese paraguas se resolverán las cuestiones técnicas”, comentan a Pyme fuentes consultadas.

Sin embargo, son esas “cuestiones técnicas” las que en gran medida dificultan hace más de dos décadas las posibilidades arribar a un entendimiento definitivo. El temor del empresariado pyme, en particular el ligado a la actividad industrial, es que el interés político por sellar un acuerdo lleve a los negociadores a obviar aspectos de la “letra chica” que deriven en perjuicios para la actividad local. Y qu,e una vez firmado el acuerdo, no haya posibilidad de retorno.
“Para vender hay que comprar”, sentenció el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, en uno de sus primeros mensajes ante los representantes de las cadenas de soja, maíz, trigo y girasol. Su sucesor al frente de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, expresó su adhesión pero admitió las dificultades, especialmente por la renuencia que mostraba en ese momento Francia a ampliar el cupo de ingreso de carne vacuna del Mercosur a la UE. La brecha entre las 380.000 toneladas anuales requeridas y las 99.000 aceptadas es considerable.
El asunto a resolver es qué se vende y qué se compra. Los industriales pyme temen ser la moneda de cambio en la negociación con los europeos ante la intención argentina de hacer punta con la exportación de manufacturas de origen agropecuario (MOI), en especial los biocombustibles. Y el temor se fundamenta, sostienen, en que es el Mercosur el que muestra mayor interés para firmar.
Desde el sector marroquinero, Ariel Aguilar, de LUEM, se hizo eco de “la gran preocupación de las cámaras productivas” por la “llamativa opacidad” sobre lo que se está negociando, al punto que los legisladores -que tendrán que ratificar o no el acuerdo- manifiestan desconocer sus aspectos principales.
“No se está viendo la oferta de bienes”, agrega Aguilar. “El Gobierno nos planteó una rebaja de aranceles de productos industriales, una de las pocas herramientas que nos quedan para seguir fabricando algo. Si en 2017 tuvimos un 45% más de unidades importadas que el año anterior, con una baja de aranceles el importador trae el doble y se acaba la producción”.
“El acuerdo primero tiene que ser por sector, no hay que dejarse llevar por delante”, sostiene Marco Meloni, al frente de las textiles Filotex e Italcolore, ubicadas respectivamente en Quilmes y Luján. Representante de uno de los sectores más preocupados por las “cuestiones técnicas” a resolver dentro de seis meses en una nueva ronda de negociaciones, Meloni pone el acento en dos aspectos que desvelan a los empresarios pymes locales: la norma de origen y la certificación.
Con la globalización establecida mundial hace un cuarto de siglo y con productos elaborados con insumos y partes de muchos países, la norma de origen es crucial para evitar el ingreso masivo de artículos fabricados parcial o totalmente en China o el sudeste asiático como si fueran europeos. Lo mismo ocurre con la certificación de la calidad y procedencia de la mercadería que se comercia, si se deja librada esa tarea al propio fabricante.
Los ejemplos son numerosos, así como la preocupación por la falta de una definición al respecto. Alberto Sellaro, de Tresell Group, una fábrica de zapatos de Ciudad Madero, cita el caso de la producción de calzado en España, centrada en las ciudades alicantinas de Elche y Elda. “Muchas fábricas cerraron y antes de perder la parte comercial se fueron a hacer zapatos a China. Hoy se venden zapatos con la marca de la fábrica o la tienda española, pero con sueldos de u$s 150 a u$s 200 mensuales. Ah, en todos dice ‘made in Spain'”.
En ese sentido, Sellaro recuerda un caso similar, que en buena medida determinó el acta de defunción del ALCA: zapatos “made in USA” provenientes de China.
Es por eso que solicita al Gobierno un “monitoreo de las importaciones” y, además, la flexibilidad de reglas que facilite la importación al productor local, a manera de complementación.
Entre los industriales del juguete, Matías Furió, de Mega Price, explica las diferentes concepciones para determinar la norma de origen entre el Mercosur y la Unión Europea. El bloque sudamericano “tiene una acumulación bilateral, pide que los insumos en los procesos productivos sean regionales, es decir de los países que participan del acuerdo. En cambio, la Unión Europea reconoce una acumulación diagonal, porque puede computar como originales insumos de otros países con lo que tiene tratados de libre comercio”.
Y en el caso de la industria del juguete, el riesgo no se limita a los países asiáticos. Es que la Unión Europea tiene un acuerdo de Libre Comercio con México, el principal ensamblador latinoamericano en el sector. En la región, la Argentina y Brasil lideran la producción con el 100% de insumos regionales y no quieren que con el rótulo de “industria mexicana” ingresen productos de otras partes del mundo.
Daniel Rosato, titular de una metalúrgica y una papelera en el Parque Industrial de Berazategui, se suma al reclamo por la norma de origen. “El acuerdo debe dejar bien en claro que realmente los productos son de fabricación europea, de lo contario compran insumos y materias primas de China, los elaboran con mano de obra europea y los certifican como hechos en Europa”.
El rubro textil es uno de los más problemáticos en ese sentido y Meloni advierte sobre las diferencias en el costo de mano de obra, no ya en la habitual comparación con China sino con “la última moda” de la triangulación, que es Myanmar. Allí, asegura “el salario mensual es de u$s 50, pero con 16 horas diarias de trabajo. Yo las horas extras las tengo que pagar con recargo y además están las vacaciones, el aguinaldo y la obra social”.
Al respecto, destaca que hay países europeos donde no permiten el ingreso de productos elaborados con esas condiciones laborales y que por esa razón una conocida cadena de hipermercados de los Estados Unidos tiene vedada su actividad en Noruega. “Con esto quiero decir que no es imposible imponer ciertas restricciones -señala- a todos nos gusta comprar barato, pero hay normas que se tienen que cumplir. Si condenamos -y con razón- el trabajo esclavo de los talleres clandestinos en la Argentina, ¿por qué no aplicamos el mismo criterio con los de otros países?”
Los industriales pyme temen ser la moneda de cambio en la negociación con los europeos ante la intención argentina de hacer punta con la exportación de manufacturas de origen agropecuario.
Otra de las cuestiones sensibles es la certificación. En el modelo argentino, muchas cámaras industriales cuentan con laboratorios para determinar la aptitud de los bienes producidos por sus asociados, además de los entes oficiales respectivos (INTI, ANMAT). La situación no es similar en otros países, en especial en Europa del Este, lo que representa una complicación doble si se considera que un producto cuestionado puede tener una procedencia extracontinental.
“Hace falta una certificación consular. No queremos quedarnos con la palabra de alguien que nos diga ‘mi producto no es veneno’ sin ningún ente que lo avale”, acota. La mención al “veneno” no es una exageración en una industria como la textil, con alto componente de insumos químicos. Tampoco la comparación, a juzgar por el orgullo de Meloni de contar con una de las pocas tintorerías de América latina con normas 9001 y 14001.
Furió indica que “Europa permite la autocertificación en una declaración del exportador. Además de quitar recursos a las cámaras empresariales de emitir el certificado, eso permite que el exportador declare lo que quiera. Y podría haber una falsa declaración o información no válida”.
Otra distinción tiene que ver con las etapas de fiscalización. En Europa, dice Furió, “las inspecciones son ex post, una vez que un juguete sale al mercado. Si se detecta alguno sin los papeles en regla, no se lo deja comercializar más. En el Mercosur son ex ante, a través de un organismo que ordena los ensayos de laboratorio previos a su salida a comercialización”.
Si bien la industria de alimentos es la que presentó menos quejas -principalmente relacionados con los cupos de exportación- Gustavo Lazzari se anota en la lista de reclamos. Su empresa, el Frigorífico Cárdenas no exporta “pero compite con productos importados. Producimos los mismos jamones crudos que vienen de Italia y otros países”, destaca.
“Lo único que tengo que pedir es que tengamos un sistema de espejo. Si permiten entrar un jamón italiano, compito sin problemas, pero permítanme en algún momento poder colocar mis productos en los mercados de donde provienen los de mis competidores. De lo contario, sería una asimetría injusta”, plantea, para finalizar con un pedido: “sáquenme la mochila y yo me animo a competir, pero no me obliguen a pelear con las manos atadas”.
Pero, al margen de la certificación y la norma de origen, los industriales pyme remarcan un aspecto que recurrentemente aparece en la agenda económica. La falta de competitividad, derivada de los costos tributarios y laborales, y el tipo de cambio. Variables que, en muchos casos, determinaron que tuvieran que abandonar su rol exportador.
En ese aspecto, Rosato es el único que se anima a poner un número a su pedido. “Como pyme creo que hablar de un dólar a 22 pesos no es descabellado y pensar en un desdoblamiento cambiario tampoco lo es. Es una receta que ya conocemos pero ante la situación del país con este déficit comercial, tenemos que pensar en algo para que entren dólares y dejen de salir”.

Un debate de más de dos siglos
Los alcances del acuerdo que podrían firmar el Mercosur y la Unión Europea (UE) no pueden analizarse fuera del contexto político y económico internacional. Al menos así lo cree Marco Meloni, quien sostiene que hay que considerar los cambios ocurridos en el comienzo del siglo XXI para tener una idea sobre qué se está discutiendo.
El empresario textil explica que “hasta el 2000 el mundo estaba convencido de que la economía se seguiría expandiendo y que los niveles de consumo crecerían a un ritmo exponencial, con la incorporación de nuevo protagonistas al mercado. Fue el momento en que gran parte de las industrias trasladaron sus plantas de producción de los países centrales a los periféricos. Pero luego vinieron el atentado a las Torres Gemelas en 2001 y la crisis de las hipotecas en 2008, con lo que el consumo mundial se retrajo”.
El choque de las realidades previa y posterior a esos fenómenos derivó en una sobreproducción que genera excedente. Meloni va más allá en su análisis y traza un paralelo entre esta situación con la experimentada a principios del siglo XIX, cuando Gran Bretaña se lanza a la conquista de nuevos mercados para colocar los excedentes de, precisamente, su industria textil.
Algunos protagonistas cambiaron. Ahora es la Europa continental la que busca con avidez colocar sus excedentes y Gran Bretaña, Brexit mediante, juega el rol proteccionista. Al igual que los Estados Unidos, país donde, según Meloni, “Donald Trump no ganó porque es un tipo raro, sino porque dijo que iba a defender el trabajo local”.
“El Brexit es trabajo inglés para los ingleses. En otros países están surgiendo movimientos similares, el mundo está pensando en cómo hacerlo sin que se enoje la OMC”, señala y remarca que no fue otro el motivo que llevó al fracaso de la última cumbre del organismo en Buenos Aires. En su rol de empresario obligado a negociar en el ámbito del comercio exterior, Meloni advierte que la UE “viene con el concepto de ‘haz lo que yo digo pero no lo que yo hago’, porque pide libertad para colocar sus productos pero no te deja entrar”. Al respecto, subraya las diferencias con las que las partes se sientan en la mesa de discusión: “Estados Unidos tiene 4.700 barreras paraarancelarias, la UE 3.900 y nosotros 400. Tienen bien aceitado el mecanismo y saben cómo frenar las importaciones”.
Meloni cuestiona la razón por la cual los países de la UE ponen ahínco en defender su producción de alimentos. “Lo de la ‘soberanía alimentaria’ es un verso. El verdadero propósito que buscan con la protección del sector agrícola es evitar las migraciones del campo a la ciudad”. Y para abonar su tesis, pone como ejemplo a un primo suyo, agricultor italiano. “Tiene 70 hectáreas de tabaco, así que no hay soberanía alimentaria que valga. Sin embargo, lo subsidian, porque los que buscan es conservar la población en las áreas rurales”.

Fuente:El Cronista